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Por María Julieta Sagasta
¿Es posible que, en un futuro cercano, los abogados no necesitemos leer una resolución judicial completa para entender qué se resolvió y por qué?
La inteligencia artificial y, en particular, el procesamiento de lenguaje natural (NLP) parecen estar allanando ese camino. Las herramientas basadas en NLP nos permiten extraer información clave de textos jurídicos en segundos, identificar patrones en la jurisprudencia y hasta predecir tendencias en las decisiones judiciales. Esto no es una utopía ya existen desarrollos, como Sherlock-Legal, capaces de interpretar consultas en lenguaje natural y ofrecer respuestas basadas en precedentes judiciales.
El desafío es enorme. El lenguaje jurídico es específico, repleto de tecnicismos y estructuras complejas que dificultan su procesamiento automatizado. Sin embargo, modelos como BERT y sus derivados han demostrado avances significativos en la comprensión de textos, acercándonos a un escenario donde el abogado pueda delegar el trabajo más rutinario a la IA y enfocarse en el análisis estratégico y la toma de decisiones.
Pero ¿hasta qué punto estas herramientas transformarán nuestra profesión? ¿Cómo equilibramos la eficiencia tecnológica con el criterio humano que exige el ejercicio del derecho? La automatización puede mejorar nuestra práctica, pero la justicia sigue siendo una labor humana. Quizás la pregunta no es si la IA reemplazará a los abogados, sino cómo podemos aprovecharla para potenciar nuestra labor y brindar un mejor servicio a la sociedad.
A medida que la tecnología avanza, surge también la necesidad de desarrollar marcos regulatorios que garanticen un uso ético y transparente de la IA en el ámbito jurídico. La toma de decisiones automatizada no está exenta de sesgos, y es fundamental que los profesionales del derecho se involucren en su diseño y aplicación. Asimismo, la capacitación en herramientas digitales será clave para que los abogados puedan adaptarse a este nuevo ecosistema sin perder de vista los principios fundamentales de la profesión.
En este contexto, es inevitable preguntarnos: ¿cómo podemos integrar la IA en nuestro trabajo sin comprometer la esencia del derecho? ¿Qué habilidades debemos desarrollar para coexistir con estas herramientas y maximizar su potencial?
Concuerdo con el Dr. Granero cuando dice, “más que en la amenaza que puede suponer, debemos pensar en las oportunidades que nos va a ofrecer. En este sentido prevé que los abogados lo van a incorporar a su actividad como una herramienta más, tal y como se hizo en su día al incorporar el ordenador o la jurisprudencia vía digital, pero teniendo en cuenta que siempre hará falta nuestro trabajo”[2]. El autor continúa sosteniendo que, para el mundo jurídico, todavía no se puede atisbar su aplicación ya que las técnicas de deep learning no han sido capaces de procesar el conocimiento abstracto, por lo que no saben distinguir las relaciones entre normas, o entre grupos normativos, por ejemplo.
En cuanto a la aplicación en el ámbito judicial, el Dr. Marco Rossi, secretario de un juzgado laboral de primera instancia ha estudiado posibles formas de mejorar la estructura organizativa de la unidad con la implementación de tecnología tal como lo cita en su artículo académico[3].
Por ejemplo, en los inicios de mi investigación sobre las herramientas existentes le he consultado a Chat-gpt las herramientas existentes para abogados que les ayuden a entender una resolución judicial, qué se resolvió y por qué. La nueva generación de abogados no necesitará ir al club del fallo para aprender a leer una resolución judicial. Con el uso de todas las herramientas de resumen automático y análisis de resoluciones como CaseText (Estados Unidos), plataforma que utiliza la herramienta “CoCounsel” que responde preguntas específicas sobre una resolución, resume sentencias y extrae precedentes relevantes; ROSS Intelligence (inactiva desde 2021, pero una de las primeras).
Respondía consultas legales en lenguaje natural y extraía puntos clave de jurisprudencia.; Harvey AI (integrada en grandes estudios jurídicos como Allen & Overy) Permite generar resúmenes ejecutivos de resoluciones y documentos complejos en segundos. Doctrina AI (Argentina) desarrollada para analizar resoluciones judiciales locales, permite identificar tendencias jurisprudenciales y extraer criterios clave. Jurimetría by Deep Legal (Latinoamérica) Brinda análisis predictivo y extrae patrones de sentencias judiciales. Resume qué se resolvió y sobre qué argumentos, entre otras.
A nivel local, el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA-IALAB) ha asumido un rol protagónico en la investigación aplicada sobre inteligencia artificial generativa en el ámbito jurídico. En 2023 publicó una guía de directrices destinada a promover un uso responsable de herramientas como ChatGPT en el sistema de justicia. Más recientemente, en mayo de 2024, presentó un informe que evaluó el impacto concreto de estas tecnologías en diversos sectores, incluida la justicia. En colaboración con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS), se realizaron 29 pruebas piloto en distintos poderes judiciales provinciales, con participación de operadores judiciales reales. Los resultados revelaron que, en tareas complejas, la IA generativa alcanzó un 77% de eficiencia, reduciendo significativamente los tiempos de trabajo. Por ejemplo, la identificación de agravios en un recurso de inconstitucionalidad pasó de demandar 25 minutos a apenas 2 minutos y medio. No obstante, el estudio también advirtió sobre desafíos relevantes, como la necesidad de mejorar la capacitación de los usuarios para optimizar la interacción con estas herramientas, y la importancia de establecer mecanismos adecuados de anonimización de datos para resguardar la privacidad de las personas involucradas en los procesos[4].
Como Oficial Primero del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 5 del Departamento Judicial de San Martín he realizado algunas pruebas sobre el uso de IA para optimizar tiempos de despacho por ejemplo, con las certificaciones de prueba, y el resultado no ha sido óptimo confundiendo prueba ofrecida con prueba producida. Sin perjuicio de ello, considero que en un futuro no tan lejano estas cuestiones no serán un impedimento para la realización de estas tareas.
La inteligencia artificial, cuando se aplica correctamente al servicio público de la justicia, puede ser una herramienta crucial para mejorar la eficiencia y garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Como afirman Calaza López y Llorente Sánchez-Arjona, “la IA correctamente aplicada al servicio público justicia, y a la actividad procesal en particular, puede incidir –de hecho, lo hace ya sectorialmente– muy positivamente en la garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, conviene insistir en que sólo será así si se hace correctamente, si preserva todo el conjunto de derechos y garantías que disciplinan la actividad jurisdiccional en un estado de derecho, mejorándolo y reforzando su legitimidad. Mejora el sistema, mejora el servicio y la correlativa satisfacción ciudadana”.[5] Este enfoque resalta la relevancia de aplicar tecnologías como la inteligencia artificial en el proceso judicial de manera ética y con el compromiso de proteger los derechos fundamentales, en lugar de reemplazar la función humana en la toma de decisiones. Al integrar estas herramientas, la justicia no solo se vuelve más eficiente, sino que se fortalece, ofreciendo un mejor servicio tanto para los operadores judiciales como para los ciudadanos que requieren de un sistema judicial accesible, transparente y ágil.
En el marco de los avances en inteligencia artificial aplicada a la justicia, encontramos el caso de AymurAI[6], una innovadora herramienta que está cambiando la forma en que se estudian los fallos judiciales relacionados con violencia de género en Argentina.
Es un sistema de inteligencia artificial diseñado para analizar sentencias judiciales y extraer información clave sobre cómo los tribunales abordan casos de violencia de género. Fue impulsado por investigadores argentinos con el objetivo de identificar patrones, buenas prácticas y deficiencias en la gestión de estos procesos judiciales.
En consonancia con el pensamiento del Dr. Patricio Maraniello, el Estado, en la actualidad, no puede seguir siendo considerado un concepto jurídico estático, sino que debe entenderse como un habilitador dinámico de derechos y un promotor indispensable del desarrollo. Este nuevo enfoque encuentra su concreción en el concepto emergente del "Estado Digital de derechos constitucionales", que no solo moderniza las estructuras tradicionales del Estado, sino que también facilita la integración de tecnologías como la inteligencia artificial para garantizar una administración de justicia más eficiente, accesible y alineada con los derechos fundamentales de los ciudadanos.[7]
La inteligencia artificial se presenta como una aliada indispensable en el futuro de la abogacía y de la administración de justicia. Si bien aún existen desafíos técnicos y éticos, su correcta implementación permitirá a los abogados y operadores judiciales ofrecer un servicio más eficiente, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales. Lejos de reemplazar el rol humano, la IA debe ser concebida como un complemento que potencia el ejercicio profesional y democratiza el acceso a la justicia. Adaptarse a este nuevo paradigma exigirá una formación constante, una participación activa en su regulación y una firme defensa de los principios esenciales del derecho.
Sin embargo, estos avances tecnológicos deben ir acompañados de un cambio cultural dentro del Poder Judicial. A pesar de contar con expedientes digitales, persiste la práctica de imprimir documentos en papel, generando demoras y reduciendo la eficiencia que la tecnología busca precisamente optimizar. Es fundamental que los órganos de control, especialmente la Corte Suprema y las Cortes Provinciales, ejerzan un rol activo en la supervisión y en la implementación efectiva de estas herramientas, promoviendo la digitalización integral de los procesos y la capacitación continua de los operadores judiciales. Solo de este modo lograremos una verdadera modernización del sistema, que garantice una justicia más ágil, accesible y acorde a los nuevos tiempos.
En el horizonte de transformación tecnológica que atraviesa el sistema de justicia, resulta imprescindible incorporar principios rectores que aseguren un uso ético y confiable de la inteligencia artificial. En este sentido, la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ)[8] adoptó en 2018 una carta ética que establece cinco principios básicos que deben orientar tanto el diseño como la implementación de sistemas de IA en el ámbito judicial. El primero de ellos, el respeto a los derechos fundamentales establece que la inteligencia artificial no puede sustituir la decisión humana en cuestiones sustanciales, sino que debe funcionar como herramienta de apoyo, garantizando siempre la tutela judicial efectiva, la independencia de jueces y juezas, y la equidad procesal. El segundo principio, de no discriminación, impone que el desarrollo y entrenamiento de estos sistemas evite sesgos derivados del tratamiento de datos sensibles, tales como la pertenencia étnica, religiosa, sexual o política. El tercer principio apunta a la calidad y seguridad, destacando la necesidad de una construcción colaborativa e interdisciplinaria que incluya la experiencia de operadores jurídicos, investigadores/as, académicos/as y profesionales técnicos. A estos se suman el principio de transparencia —que exige que el funcionamiento de las herramientas sea comprensible y verificable— y el principio de control por parte del usuario, que garantiza la supervisión humana en todo el proceso.
En forma complementaria, las políticas de uso de la IA en el ecosistema judicial delimitan con claridad los casos permitidos y prohibidos. Se habilita su empleo en funciones de asistencia técnica, análisis documental, predicción basada en jurisprudencia y gestión administrativa, siempre bajo supervisión humana. Por el contrario, se restringe su aplicación en decisiones automatizadas que puedan afectar derechos fundamentales o cuando el diseño del sistema impida la trazabilidad y comprensión del proceso lógico seguido. En este escenario, el rol del abogado del futuro exige nuevas competencias: capacidad para interactuar con herramientas tecnológicas, conocimiento crítico de sus límites, y un compromiso ético firme que le permita contribuir a una justicia eficiente, pero también transparente y respetuosa de los derechos humanos.
El abogado del futuro no será reemplazado por la inteligencia artificial, sino por otro abogado que sepa utilizarla de manera ética, crítica y eficiente. La transformación digital de la justicia no es un destino, sino un proceso en construcción, que demanda adaptación constante, diálogo interdisciplinario y compromiso con los valores esenciales del derecho. La inteligencia artificial, lejos de deshumanizar la profesión, puede humanizarla aún más si libera al profesional de tareas repetitivas y le permite enfocarse en aquello que la tecnología no puede suplir: el juicio ético, la empatía con el cliente, la argumentación jurídica y la defensa de los derechos. La verdadera innovación radicará no solo en las herramientas que adoptemos, sino en cómo decidamos usarlas para mejorar el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de derecho.
[1] Sagasta María Julieta, abogada especialista en Administración de Justicia. Profesora de Ciencias Jurídicas. Oficial Primero del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
[2] elDial DC3195, Granero Horacio R, ¿Con ChatGPT 3 llegó el “abogado robot”?
[3] elDial DC3199, Marcos Rossi, Chat GPT en la Oficina Judicial. -
[4] UBA-IALAB, Evaluación del impacto de la IA generativa en el trabajo. Informe de investigación – 1ra edición, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, mayo de 2024. Disponible en: https://ialab.derecho.uba.ar/informes/2024_IAgenTrabajo.pdf
[5] CALAZA LÓPEZ, Sonia y LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, Mercedes (dirs.), Inteligencia artificial legal y administración de justicia, Thomson Reuters Aranzadi, 2022.
[6] https://datagenero.org/publicaciones/conoce-aymurai/
[7] elDial DC2B11, LA JUSTICIA DIGITAL EN ARGENTINA EN TIEMPO DE PANDEMIA, Su nueva visión hacia un Estado Digital de Derechos
[8] Consejo de Europa – CEPEJ, Carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno, 2018. Disponible en: https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c