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Por Paul Jonathan Arce y María Adelina Navarro Lahitte
La reforma del régimen de capacidad jurídica que tuvo lugar en la Argentina durante las últimas décadas no solo consistió en un reemplazo terminológico, sino que también consolidó el abordaje integral de la situación de las personas involucradas.”
“Pese a ello, persisten lecturas que describen el proceso de determinación de la capacidad jurídica como un trámite cuyo objeto se agotaría en establecer si una persona puede dirigir su persona o administrar sus bienes. La fórmula derivada del antiguo 141 CC recuerda, correctamente, que este proceso no puede absorber cualquier controversia personal o patrimonial. Sin embargo, tomar esta definición de manera exhaustiva, conduce a desplazar hacia expedientes autónomos incluso requerimientos directamente relacionados con apoyos, salvaguardias, integridad personal o resguardo patrimonial cuestiones que usualmente son el meollo del inicio del proceso de determinación de la capacidad jurídica.”
“El problema no es meramente clasificatorio, en tanto, la definición del objeto procesal determina qué órgano debe intervenir, qué información puede utilizarse, qué cargas recaen sobre la persona y, sobre todo, si existe continuidad entre la detección del riesgo y la respuesta jurisdiccional. En asuntos atravesados por discapacidad, dependencia, violencia o institucionalización, una remisión abstracta a la “vía pertinente” puede producir una zona de desprotección e incluso un dispendio jurisdiccional innecesario.”
“Las reglas generales previstas en el artículo 31 constituyen el punto de partida del sistema. La presunción de capacidad, la excepcionalidad de las restricciones, la interdisciplinariedad, el derecho a la información y asistencia letrada y la preferencia por alternativas menos restrictivas conforman el estatuto procesal básico de toda intervención en materia de capacidad. No son simples directrices para la sentencia, sino que condicionan la legitimidad de la actuación jurisdiccional en los procesos de restricción de la capacidad y en los y en las internaciones, desde su inicio y durante su desenvolvimiento.”
“La jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de capacidad permite advertir una evolución que acompaña - y, en algunos aspectos, precede - la transformación legislativa examinada en los apartados anteriores. No se trata únicamente de una sucesión de decisiones sobre competencia territorial. Detrás de esos conflictos aparece una cuestión más sustantiva que consiste en determinar qué función cumplen las reglas de competencia cuando el proceso tiene por objeto la protección de una persona cuya situación exige inmediación, seguimiento y respuestas susceptibles de adecuarse a circunstancias cambiantes. La Secretaría de Jurisprudencia del Tribunal ha sistematizado esta línea bajo el título Determinación de la Capacidad y Competencia, reuniendo precedentes en los que la proximidad con la persona, la tutela judicial efectiva y la aptitud concreta del órgano jurisdiccional para ejercer la función protectoria operan como criterios decisivos.
Límites y contornos del proceso de determinación de la capacidad jurídica
1. Introducción
La reforma del régimen de capacidad jurídica que tuvo lugar en la Argentina durante las últimas décadas no solo consistió en un reemplazo terminológico, sino que también consolidó el abordaje integral de la situación de las personas involucradas.
Pese a ello, persisten lecturas que describen el proceso de determinación de la capacidad jurídica como un trámite cuyo objeto se agotaría en establecer si una persona puede dirigir su persona o administrar sus bienes. La fórmula derivada del antiguo 141 CC recuerda, correctamente, que este proceso no puede absorber cualquier controversia personal o patrimonial. Sin embargo, tomar esta definición de manera exhaustiva, conduce a desplazar hacia expedientes autónomos incluso requerimientos directamente relacionados con apoyos, salvaguardias, integridad personal o resguardo patrimonial cuestiones que usualmente son el meollo del inicio del proceso de determinación de la capacidad jurídica.
El problema no es meramente clasificatorio, en tanto, la definición del objeto procesal determina qué órgano debe intervenir, qué información puede utilizarse, qué cargas recaen sobre la persona y, sobre todo, si existe continuidad entre la detección del riesgo y la respuesta jurisdiccional. En asuntos atravesados por discapacidad, dependencia, violencia o institucionalización, una remisión abstracta a la “vía pertinente” puede producir una zona de desprotección e incluso un dispendio jurisdiccional innecesario.
En este orden, el proceso de determinación de la capacidad no instituye un fuero de atracción universal ni habilita al juez a decidir, sin el contradictorio correspondiente, pretensiones autónomas; pero su objeto tampoco se consume con la sentencia inicial y las sucesivas revisiones (art. 40 CCCN). Comprende las actuaciones funcionalmente necesarias para diseñar, implementar, controlar, adaptar y revisar restricciones, apoyos y salvaguardias, así como las medidas urgentes indispensables para preservar los derechos de la persona mientras se define la vía adecuada.
Vale recordar que una vez iniciados, estos procesos acompañan la trayectoria de vida de la persona hasta que se rehabilita o fallece. Ello implica gran variedad de contingencias conforme la edad y el contexto social del protagonista y que marcan el ritmo y contenido del expediente de capacidad.
2. Del juicio de insania al modelo de apoyos y salvaguardias
2.1. El modelo anterior y la persistencia de sus categorías
La doctrina procesal clásica definió el juicio de insania a partir de su finalidad declarativa que consistía en determinar la aptitud de una persona para dirigir su persona y administrar sus bienes. La caracterización fue sistematizada, entre otros, por Fassi y Maurino (2005), bajo un régimen anterior al Código Civil y Comercial y a la jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su valor histórico y dogmático es indudable, pero su empleo actual exige una actualización constitucional, convencional y legislativa que incorpore capacidad presumida, restricciones específicas, apoyos, salvaguardias, participación e interdisciplinariedad.
Vale destacar que, aún bajo el régimen anterior, la declaración de incapacidad no agotaba la intervención judicial en este tipo de procesos. Muy por el contrario, las normas sobre tutela, aplicables a la curatela por remisión del artículo 475 del Código Civil derogado, concentraban en el juez que discernía el cargo la dirección de cuanto perteneciera a esa función. El artículo 404 le atribuía competencia sobre “todo lo que a ella pertenezca”, mientras que el artículo 405 mantenía esa competencia pese a la mudanza de domicilio o residencia[1].
Calvento (1909) describía esa regla como una “jurisdicción exclusiva” respecto de la tutela o curatela y de lo directamente vinculado con ella: administración, rendición de cuentas, excusación, separación y reemplazo del tutor o curador. El autor registraba incluso una línea jurisprudencial más amplia, que extendía el conocimiento del juez tutelar a las demandas promovidas contra la persona incapaz, aunque formulaba reparos frente a esa expansión.[2] La referencia no demuestra que el derecho vigente conserve aquel esquema ni justifica recrear un fuero de atracción, pero permite advertir que la imagen de un procedimiento puramente declarativo, sin proyección ulterior, tampoco describe con precisión el sistema histórico.
Sin embargo, esa regla no fue interpretada por la Corte Suprema en términos absolutos. Ya en “Farías, Antonia Susana s/ curatela” (Fallos 324:743), al examinar un conflicto de competencia suscitado a raíz del cambio de residencia de una persona declarada incapaz, el Tribunal admitió que la perpetuatio jurisdictionis podía ceder en aquellos supuestos excepcionales en los que su mantenimiento resultara notoriamente inconveniente para la persona protegida y obstaculizara el control judicial eficaz de su situación personal y patrimonial[3]. La regla de competencia aparecía así subordinada a la finalidad tuitiva que justificaba la intervención jurisdiccional, y su conservación dejaba de resultar razonable cuando, por las circunstancias concretas del caso, dificultaba precisamente la protección que estaba llamada a asegurar.
Este criterio fue retomado y profundizado por la Corte Suprema en “P., O. M. T. c/ insania y curatela”. Allí, frente a un conflicto negativo de competencia originado por la residencia de la persona en una jurisdicción distinta de aquella en la que se había declarado su interdicción, el Tribunal partió expresamente de la regla establecida por el artículo 405 del Código Civil y de su aplicación a la curatela por remisión del artículo 475. No obstante, sostuvo que correspondía efectuar una aplicación adecuada de aquella disposición atendiendo a las particularidades propias de la curatela y, fundamentalmente, a las necesidades concretas de protección de la persona involucrada[4].
Estos antecedentes muestran que, aun bajo el régimen anterior, la competencia no fue concebida por la Corte como un fin en sí mismo. La continuidad jurisdiccional cedía cuando obstaculizaba la inmediación y el control eficaz de la situación personal y patrimonial. El ordenamiento vigente profundiza esa orientación al vincular expresamente competencia, residencia efectiva y contacto directo con la persona.
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la capacidad jurídica en igualdad de condiciones y obliga a los Estados a proporcionar los apoyos necesarios para su ejercicio. Las salvaguardias deben prevenir abusos, respetar derechos, voluntad y preferencias, evitar conflictos de intereses e influencia indebida, ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias y quedar sujetas a revisión periódica.
La Observación General N° 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014) profundizó esta orientación[5]. El apoyo es un concepto amplio que puede adoptar formas e intensidades diversas, pero nunca debe convertirse en una decisión sustitutiva encubierta. Las salvaguardias no pueden fundarse en una determinación sustitutiva del “interés superior” de la persona; deben orientarse a preservar sus derechos, voluntad y preferencias, incluido su derecho a asumir riesgos y cometer errores. Este punto evita que una concepción dinámica del proceso sea utilizada para justificar intervenciones ilimitadas o paternalistas.
La dimensión procesal se completa con el artículo 13 de la Convención, que exige asegurar el acceso a la justicia mediante ajustes de procedimiento adecuados. La accesibilidad no se reduce al ingreso formal al tribunal: comprende la posibilidad real de comprender, participar, ser oído, producir prueba, contar con apoyos y obtener una decisión eficaz.
En el plano regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculó expresamente capacidad jurídica, consentimiento, salud y protección judicial en Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador (2021)[6]. Allí destacó que el reconocimiento de la personalidad jurídica adquiere un contenido específico respecto de las personas con discapacidad y que el modelo social exige abandonar respuestas basadas exclusivamente en diagnósticos o sustitución de voluntad. Aunque el caso se originó en una internación y desaparición, su estándar es relevante, en tanto, la obligación estatal no se satisface con reconocer formalmente derechos si no existen mecanismos institucionales capaces de hacerlos efectivos.
3. Objeto de la sentencia y objeto del proceso
Una de las dificultades que plantea el régimen de capacidad proviene de trasladar al proceso los límites que el Código Civil y Comercial impone al contenido de la sentencia. Los artículos 32, 37 y 38 exigen que la decisión individualice los actos alcanzados por la restricción, determine los apoyos necesarios, delimite sus funciones y establezca las condiciones de validez de los actos jurídicos. Esa exigencia de precisión responde a la finalidad de preservar la autonomía de la persona y evitar que una declaración general, fundada exclusivamente en su diagnóstico o condición, sustituya la evaluación concreta de las limitaciones que resulten estrictamente necesarias, conforme el relevamiento de la situación social del interesado.
Pero esa delimitación del contenido de la sentencia no agota el objeto del proceso. Este comprende también las actuaciones necesarias para construir, hacer efectiva y mantener adecuada la respuesta jurisdiccional, que incluye asegurar la participación de la persona, producir y actualizar la evaluación interdisciplinaria, adoptar medidas provisionales cuando sean necesarias, organizar el sistema de apoyos y sus salvaguardias y, posteriormente, verificar su adecuación frente al cambio circunstancias.
La sentencia constituye, en ese recorrido, una decisión central, pero no necesariamente su punto final.
En este orden, el artículo 40 confirma esta particularidad al someter las restricciones a una revisión periódica que exige una nueva evaluación interdisciplinaria y una entrevista personal con el interesado. La solución jurídica alcanzada queda así sujeta a una instancia posterior de comprobación destinada a determinar si conserva actualidad y si las restricciones y apoyos establecidos continúan siendo necesarios y adecuados. Si el objeto procesal se agotara al quedar firme la sentencia, la nueva entrevista personal, los dictámenes interdisciplinarios actualizados, la modificación de los apoyos y la reducción o ampliación de las restricciones deberían tramitar como procesos independientes. El régimen no concibe, por tanto, la sentencia como la cristalización definitiva del estado de la persona, sino como una decisión susceptible de adaptación frente a una realidad que el propio legislador reconoce como dinámica.
De allí que estos procesos no se acomoden enteramente a la secuencia tradicional de conocimiento, sentencia y ejecución. Junto con la fase cognoscitiva dirigida a determinar la necesidad de restringir determinados actos, subsiste una función jurisdiccional vinculada con la efectividad, seguimiento y revisión de la solución adoptada. La distinción entre objeto de la sentencia y objeto del proceso fija, al mismo tiempo, el fundamento y el límite de esa continuidad: ni la firmeza convierte al expediente en un antecedente estático ni su revisabilidad atribuye al juez una competencia universal sobre cualquier cuestión que involucre a la persona.
4. La arquitectura de los artículos 31 a 40 del Código Civil y Comercial
4.1. Principios y excepcionalidad
Las reglas generales previstas en el artículo 31 constituyen el punto de partida del sistema. La presunción de capacidad, la excepcionalidad de las restricciones, la interdisciplinariedad, el derecho a la información y asistencia letrada y la preferencia por alternativas menos restrictivas conforman el estatuto procesal básico de toda intervención en materia de capacidad. No son simples directrices para la sentencia, sino que condicionan la legitimidad de la actuación jurisdiccional en los procesos de restricción de la capacidad y en los y en las internaciones, desde su inicio y durante su desenvolvimiento.
En lo que aquí nos ocupa, esos principios producen consecuencias concretas, en tanto, toda restricción debe justificarse de manera específica y proporcional; la decisión no puede construirse únicamente sobre diagnósticos; y la persona debe participar efectivamente en un proceso cuyas decisiones recaen sobre su propia esfera de autonomía. La protección, en este modelo, no legitima por sí sola la restricción.
Ello no es novedoso. Conforme la redacción que impuso la ley 17.711 (1968) al art. 141 del Código de Vélez, la enfermedad mental verificada por los facultativos debía impactar en la aptitud para dirigir la persona y los bienes del interesado y para ello los tribunales se servían de la práctica inveterada de producir un informe social. Similar análisis corresponde realizar respecto de la presunción de capacidad, derivación lógica del art. 140 del código decimonónico.
Volviendo al actual art. 31, destacamos que cada uno de esos principios produce consecuencias procesales concretas. La presunción de capacidad impide partir de la restricción como hipótesis y exige justificar específicamente toda limitación; la excepcionalidad y el principio de menor restricción imponen escoger, entre las respuestas disponibles, aquella que preserve en mayor medida el ejercicio autónomo de derechos; la interdisciplinariedad excluye que la decisión pueda construirse exclusivamente a partir de una valoración médica o diagnóstica; y los derechos a la información, asistencia y participación exigen que la persona intervenga efectivamente en un proceso cuyas decisiones recaen sobre su propia esfera de autonomía. La protección, en este modelo, no legitima por sí misma la restricción, sino que debe justificar su necesidad, extensión y proporcionalidad.
El artículo 32 asume esas directrices al delimitar el presupuesto mismo de la intervención restrictiva. No se habilitan declaraciones generales sobre la aptitud de una persona, sino restricciones referidas a determinados actos cuando su ejercicio pueda ocasionarle un daño a ella o a sus bienes. Correlativamente, el apoyo no se configura como un mecanismo de sustitución general, sino como un instrumento destinado a promover la autonomía y facilitar la comunicación, comprensión y manifestación de decisiones acordes con las preferencias de la persona (art. 43). De este modo, la individualización determina aquello respecto de lo cual la intervención judicial resulta necesaria y, al mismo tiempo, preserva todo el espacio de autonomía que permanece fuera de ella.
Ningún apoyo, institución o tercero puede ampliar por vía de hecho las restricciones expresamente establecidas. La intervención judicial posterior puede ser necesaria para impedir esa expansión informal, pero no para sustituirla por una supervisión general de la vida de la persona.
4.2. El artículo 34 como cláusula de protección procesal
Mientras los artículos que lo preceden establecen los presupuestos y principios de la restricción al ejercicio de la capacidad, el art. 34 del citado plexo atribuye al juez una potestad específicamente ordenada a asegurar la efectividad de los derechos comprometidos durante el proceso. Su formulación es deliberadamente amplia e impone ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona y, a tal efecto, permite determinar los actos que requieren asistencia y designar redes de apoyo o personas con funciones específicas según las necesidades y circunstancias del caso.
La norma cumple, ciertamente, la función de impedir que el tiempo insumido por el proceso prive de eficacia a la tutela finalmente reconocida; pero su alcance no se agota allí. El artículo 34 permite también anticipar, organizar y experimentar la respuesta protectoria que el proceso procura construir, como ser, establecer apoyos, distribuir funciones, remover obstáculos que impidan el ejercicio de derechos y adoptar salvaguardias frente a riesgos concretos. Existe, en este sentido, una correspondencia entre la amplitud de las situaciones que pueden comprometer la autonomía de la persona y la flexibilidad de los instrumentos procesales puestos a disposición del juez para afrontarlas.
Esta característica permite advertir una diferencia relevante respecto de la tutela cautelar clásica. La medida prevista por el artículo 34 no está necesariamente destinada a conservar un estado de hecho para asegurar la utilidad práctica de una futura sentencia. Puede tener un contenido positivo e innovativo y procurar, directamente, que un derecho pueda ser ejercido mientras el proceso se encuentra en curso. Su instrumentalidad no se predica únicamente respecto de la sentencia futura, sino también respecto de los derechos cuya efectividad constituye la razón misma de la intervención jurisdiccional. De allí que su contenido no pueda determinarse mediante un catálogo cerrado de medidas, sino a partir de las necesidades concretas de protección que presente cada caso.
La práctica judicial ofrece manifestaciones particularmente ilustrativas de esta función[7]. En un proceso de determinación de la capacidad se ordenó, con fundamento expreso en el artículo 34, la reactivación inmediata del suministro eléctrico con tarifa social, bajo apercibimiento de multa; la medida no recaía sobre la capacidad para celebrar un acto jurídico, sino sobre una condición material indispensable para el ejercicio de derechos en el propio ámbito de vida de la persona. En otro expediente se dispuso, también expresamente bajo esa norma, la cobertura inmediata de un acompañamiento terapéutico por parte de PAMI, bajo apercibimiento de multa y ejecución por terceros a costa de la obra social. Al resolver la impugnación del organismo, el tribunal caracterizó la decisión como una medida cautelar adoptada en el marco del artículo 34 y sostuvo que la finalidad del proceso de capacidad no se agota en la declaración jurídica de restricción o apoyo, sino que comprende medidas concretas destinadas a asegurar el goce efectivo de derechos fundamentales.
La amplitud funcional de esta tutela se advierte con particular intensidad cuando una misma situación de vulnerabilidad compromete simultáneamente derechos de distinta naturaleza. En un proceso de determinación de la capacidad, frente a una situación de riesgo denunciada por la Defensa Pública, el tribunal adoptó dentro del mismo expediente un conjunto articulado de medidas que comprendió la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento respecto de integrantes del grupo familiar, la fijación cautelar de alimentos y su retención directa, la atribución de la vivienda familiar, la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense para evaluar la autonomía de la persona, detectar posibles situaciones de violencia y diseñar apoyos con salvaguardias adecuadas y, finalmente, la cobertura urgente de acompañamiento terapéutico por parte de la empresa de medicina prepaga[8]. La respuesta jurisdiccional no quedó así determinada por la pertenencia abstracta de cada medida a una materia jurídica determinada, sino por la necesidad de articular una protección efectiva frente a una situación concreta en la que convergían autonomía, integridad personal, vivienda, subsistencia económica, salud y apoyos.
Estos antecedentes permiten identificar que la conexión con el proceso no depende de la naturaleza abstracta del derecho involucrado, sino de la función que la medida cumple respecto de la persona y del sistema de protección establecido en autos. Salud, vivienda, servicios esenciales o prestaciones sociales no se transforman, por esa sola circunstancia, en materias propias del juez de capacidad. Pero una contingencia relativa a esos derechos puede adquirir relevancia dentro del proceso cuando compromete concretamente la autonomía, la integridad, las condiciones de vida, el funcionamiento de un apoyo o la eficacia de una salvaguardia judicialmente dispuesta. El artículo 34 tampoco queda confinado al período comprendido entre la promoción del proceso y el dictado de la sentencia.
Si bien es cierto que la norma utiliza la expresión “durante el proceso”, como se señaló anteriormente, éste no se extingue con la sentencia y el artículo 40 conserva una instancia jurisdiccional de revisión, resultaría difícil sostener que las potestades destinadas a garantizar los derechos de la persona desaparecen en el mismo momento en que se establece un sistema de restricciones, apoyos y salvaguardias cuya adecuación el propio juez deberá posteriormente controlar.
Sin embargo, el artículo 34 no instituye una jurisdicción universal por razón de la persona ni desplaza las reglas ordinarias de competencia cada vez que aparece involucrado alguno de sus derechos. La incorporación de una cuestión sobreviniente al expediente exige una conexión funcional suficiente con su objeto, que puede reconocerse cuando la medida resulta necesaria para preservar derechos personales o patrimoniales directamente comprometidos por la situación que motivó la intervención; asegurar el funcionamiento de los apoyos o salvaguardias; evitar un perjuicio incompatible con la demora propia de otro proceso; o preservar la eficacia de una decisión ya adoptada. A ello debe añadirse la posibilidad de garantizar adecuadamente la defensa del tercero eventualmente alcanzado por la medida.
Fuera de esos supuestos, la especialidad del proceso no puede utilizarse para absorber controversias autónomas. Cuando la pretensión persigue una condena definitiva contra un tercero, requiere un debate probatorio incompatible con estas actuaciones o carece de vinculación inmediata con el régimen de apoyos, restricciones o salvaguardias, deberá encauzarse por la vía y ante el juez que correspondan. La amplitud funcional del artículo 34 no elimina las reglas de competencia y debido proceso, sino que permite modularlas cuando su aplicación rígida dejaría sin tutela efectiva los derechos que el proceso de capacidad está llamado concretamente a garantizar.
4.3. Participación, inmediación y revisión
Los artículos 35 y 36 refuerzan la dimensión personal del proceso al exigir la entrevista judicial, la inmediación, la accesibilidad y la participación efectiva de la persona. No se trata de recaudos meramente formales ni de instancias destinadas a legitimar una decisión construida exclusivamente a partir de informes técnicos o de la intervención de terceros. El contacto personal con el juez cumple una función sustantiva, en tanto, permite conocer directamente la voluntad y las preferencias de la persona, comprender las circunstancias en las que desarrolla su vida, identificar las barreras que enfrenta y valorar si los apoyos existentes favorecen efectivamente el ejercicio de sus derechos o, por el contrario, introducen condicionamientos, sustituciones o interferencias incompatibles con su autonomía.
Los artículos 37 y 38 proyectan ese conocimiento individualizado sobre el contenido y los efectos de la decisión. La sentencia debe fundarse en circunstancias concretas, delimitar con precisión los actos alcanzados por la restricción y determinar la modalidad de actuación de los apoyos, incorporando las salvaguardias necesarias frente a eventuales conflictos de intereses o situaciones de influencia indebida. La individualización exigida por el Código no se satisface, entonces, con la formulación inicial del régimen, sino que exige también que su funcionamiento práctico permanezca dentro de los límites establecidos judicialmente. El apoyo no adquiere, por su designación, una potestad general sobre la persona, ni puede transformar sus propias decisiones o las reglas de terceros en restricciones que la sentencia no impuso.
La práctica judicial muestra con particular claridad esta última dimensión. En un proceso de determinación de la capacidad, frente a restricciones impuestas por una institución residencial a las salidas de la persona, el tribunal debió aclarar expresamente que no existía impedimento judicial para que realizara salidas autónomas o acompañadas y que las normas internas del establecimiento no podían operar como restricciones a su libertad ambulatoria ni desnaturalizar el alcance de la sentencia[9]. La decisión se fundó precisamente en los principios de autonomía, autodeterminación y vida independiente que rigen el sistema. En otro expediente, la necesidad de reexaminar el funcionamiento concreto del apoyo condujo a revocar facultades patrimoniales previamente conferidas y a disponer medidas destinadas a hacer efectiva esa modificación[10]. Estos supuestos muestran que la individualización no constituye sólo una exigencia del momento decisorio, sino que funciona también como límite permanente frente a la expansión informal de las restricciones y de las facultades atribuidas a los apoyos.
En conjunto, los artículos 35 a 40 muestran que el proceso se organiza como una secuencia de funciones: conocer la situación y asegurar la participación, individualizar restricciones, configurar apoyos y salvaguardias y controlar posteriormente su adecuación. La intervención judicial varía en intensidad a lo largo del tiempo y encuentra sus límites en la autonomía, la proporcionalidad, la participación y la individualización. Lo que subsiste después de la sentencia no es una potestad abstracta de supervisión, sino una función jurisdiccional vinculada con la efectividad y adecuación del sistema establecido.
5. La jurisprudencia como desarrollo de una tutela continuada
5.1. La Corte Suprema: competencia funcional a la protección
La jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de capacidad permite advertir una evolución que acompaña - y, en algunos aspectos, precede - la transformación legislativa examinada en los apartados anteriores. No se trata únicamente de una sucesión de decisiones sobre competencia territorial. Detrás de esos conflictos aparece una cuestión más sustantiva que consiste en determinar qué función cumplen las reglas de competencia cuando el proceso tiene por objeto la protección de una persona cuya situación exige inmediación, seguimiento y respuestas susceptibles de adecuarse a circunstancias cambiantes. La Secretaría de Jurisprudencia del Tribunal ha sistematizado esta línea bajo el título Determinación de la Capacidad y Competencia, reuniendo precedentes en los que la proximidad con la persona, la tutela judicial efectiva y la aptitud concreta del órgano jurisdiccional para ejercer la función protectoria operan como criterios decisivos[11].
La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial proporcionó a la construcción que ya venía formulando la CSJN, una base normativa diferente. En “E., D. H. s/ determinación de la capacidad jurídica” (Fallos: 339:859), frente a un conflicto suscitado durante un proceso iniciado bajo el régimen anterior, la Corte no se limitó a individualizar al tribunal territorialmente competente. Por remisión al dictamen de la Procuración General, destacó la inmediata aplicación de las reglas procesales de los artículos 31 y siguientes del nuevo Código y señaló la necesidad de que el órgano competente adoptara con urgencia las medidas necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica y patrimonial de la persona y adecuara el procedimiento al nuevo régimen[12]. Por una parte, sitúa la cuestión de competencia dentro del sistema de garantías propio del proceso de capacidad; por otra, muestra que la determinación del juez competente no constituye una operación previa y ajena a la tutela, sino una decisión condicionada por la necesidad de que exista un órgano en condiciones reales de ejercerla.
El principio de inmediación adquirió posteriormente un peso todavía más definido. En “E., G. s/ declaración de incapacidad”, la Corte resolvió el conflicto atendiendo al lugar en el que la persona se encontraba efectivamente internada y remitió al criterio según el cual, en los procesos vinculados con capacidad e internación, debe privilegiarse al tribunal más próximo a la persona. La Procuración General ha sistematizado esta doctrina señalando que el principio de inmediatez rige los procesos de declaración o restricción de la capacidad y de control de internaciones, de modo que la competencia debe determinarse según el domicilio, residencia o lugar de internación, atendiendo al sitio en el que efectivamente se encuentra la persona[13].
En Fallos: 344:769 se consolidó esa orientación al recordar que la pauta territorial del artículo 36 no puede aplicarse aisladamente, sino conforme a las finalidades del régimen, los tratados de derechos humanos y los principios jurídicos involucrados. La competencia debe localizar la jurisdicción allí donde pueda ejercerse efectivamente, no limitarse a identificar mecánicamente el tribunal correspondiente según reglas generales.
Esta construcción se refuerza, en un plano constitucional más amplio, con “Giménez, Rosa Elisabet c/ Comisión Médica Central y/o ANSeS” (Fallos: 344:1788), en la cual se entendió que las reglas procesales de competencia no son neutrales frente a las condiciones materiales de acceso a la justicia. En los procesos de capacidad, inmediación, continuidad, accesibilidad y posibilidad de seguimiento deben operar como elementos para identificar al órgano efectivamente apto para ejercer las funciones que el Código le encomienda, sin desconocer por ello el juez natural ni extender indefinidamente su competencia.
5.2. Precedentes recientes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
La jurisprudencia reciente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil muestra, con fundamentos diversos, que el límite del marco cognoscitivo no depende exclusivamente de la naturaleza del derecho involucrado ni de la presencia de un tercero. Resultan decisivos la conexión de la medida con la finalidad protectoria del proceso, su urgencia, su alcance provisional o definitivo y la entidad del debate requerido.
Un primer grupo de decisiones reconoce de manera relativamente amplia la posibilidad de adoptar medidas prestacionales dentro del expediente. En H., M. R. s/ determinación de la capacidad, la Sala B examinó el cuestionamiento de PAMI contra un requerimiento dirigido a obtener un subsidio destinado a solventar una prestación. El organismo sostuvo, precisamente, que la medida excedía el marco cognoscitivo del proceso. Si bien la Cámara declaró inapelable la providencia, no se limitó a esa conclusión formal, sino que respondió el agravio y vinculó expresamente el artículo 34 del Código Civil y Comercial con las facultades judiciales destinadas a asegurar la integridad psicofísica y la protección integral de la persona en situación de vulnerabilidad[14].
Una orientación semejante, aunque asentada sobre la urgencia y efectividad de la prestación, puede advertirse en “F. S. A. y otro s/ determinación de la capacidad”. Allí la Sala J intervino frente a incumplimientos atribuidos a PAMI respecto de la provisión de una vacante adecuada y de un acompañamiento terapéutico transitorio. La Cámara descartó que las dificultades derivadas de la organización interna del organismo pudieran ser opuestas al afiliado y puso el acento en la necesidad de una respuesta jurisdiccional oportuna frente a derechos vinculados con su salud e integridad[15].
A su turno, en “S. R., E. N. s/ art. 250 C.P.C. – Incidente Familia” de junio de 2026, la Sala A declaró mal concedido el recurso interpuesto por PAMI contra una intimación - dispuesta bajo apercibimiento de multa - para proveer un cuidador domiciliario que posibilitara la concurrencia de la persona a una consulta médica y la posterior indicación de una silla de ruedas[16]. Al respecto, este precedente evidencia que la declaración de inadmisibilidad del recurso no importa una decisión de mérito acerca de la competencia del juez ni permite inferir una doctrina general sobre la procedencia de pretensiones prestacionales en procesos de capacidad; pero si acredita que la medida subsistió dentro del expediente y la Alzada no consideró necesario removerla de oficio por una manifiesta ajenidad respecto de su objeto. Más que un precedente afirmativo sobre la extensión de la jurisdicción constituye un indicio acerca de la permeabilidad que estos procesos presentan frente a medidas instrumentales destinadas a hacer posible el ejercicio inmediato de derechos.
En “G. F. s/ art. 250 C.P.C. – Incidente Familia”, la Sala A examinó una prohibición de acercamiento y medidas vinculadas con la exclusión de un inmueble que habían sido adoptadas en el marco de un proceso de capacidad. La Cámara sostuvo que tales cuestiones excedían, en principio, el marco cognoscitivo de esas actuaciones y debían ser encauzadas por la vía pertinente; sin embargo, no dejó sin efecto inmediatamente la protección. Por el contrario, a partir de los informes interdisciplinarios que calificaban el riesgo como alto, de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora, y recordando el carácter meramente enunciativo de las medidas contempladas por la Ley 24.417, confirmó la prohibición de acercamiento por el término de noventa días[17].
5.3. Criterios para delimitar el marco cognoscitivo
De la comparación de estos precedentes puede extraerse una regla operativa. La incompetencia para resolver definitivamente una pretensión autónoma no equivale, necesariamente, a incompetencia para adoptar una salvaguardia provisional funcionalmente vinculada con la protección de la persona. Mientras que el primer supuesto remite al juez natural, a la cognición necesaria y a la vía adecuada para decidir con efectos definitivos; el segundo lo hace con relación a la posibilidad de impedir que la fragmentación de la competencia produzca, durante ese tránsito, una situación de desprotección.
La expresión “marco cognoscitivo” no debería, por ello, operar como una categoría autosuficiente. La delimitación exige ponderar, de manera conjunta la conexión funcional de la medida con apoyos, salvaguardias, autonomía o integridad; su urgencia; su carácter provisional o definitivo; la intensidad del debate probatorio requerido; y la posibilidad de asegurar un contradictorio suficiente. Cuanto más autónoma, definitiva y compleja sea la pretensión, mayor será la necesidad de su vía propia; cuanto más instrumental, urgente y estrechamente vinculada se encuentre con la protección ya desplegada, mayor será la justificación para una respuesta dentro del proceso.
6. Bilateralidad, ajustes de procedimiento y tutela efectiva
El derecho de defensa de los terceros alcanzados por una medida constituye un límite ineludible. La amplitud funcional del proceso no autoriza decisiones definitivas sin conocimiento de la pretensión, posibilidad de contradicción, prueba y revisión. Pero de esa exigencia no se sigue que toda medida conexa deba sustanciarse necesariamente en un proceso autónomo, en tanto, la bilateralidad es una garantía sustancial, no una forma procesal única.
Cuando la naturaleza de la cuestión lo permita, el contradictorio puede preservarse dentro del propio expediente mediante notificación, traslado, audiencia, prueba y revisión. La decisión de mantener una cuestión en esas actuaciones o encauzarla por una vía autónoma debe atender a la autonomía de la pretensión, la urgencia, la entidad del debate y la suficiencia de las garantías disponibles.
Esta perspectiva se vincula con el deber de realizar ajustes de procedimiento del artículo 13 de la Convención. La adecuación puede consistir en concentrar actos, utilizar informes ya producidos, coordinar órganos, adoptar formatos accesibles, designar apoyos para la participación o mantener transitoriamente una medida mientras se habilita la vía definitiva. No obstante, ello, el ajuste no dispensa garantías, sino que procura remover barreras que dificultan desproporcionadamente el acceso efectivo a la justicia.
Por eso, la remisión genérica a la “vía y forma pertinentes” puede ser insuficiente cuando deja indeterminado quién debe promoverla, ante qué órgano y qué ocurrirá con la protección durante la transición. La fragmentación formalmente correcta puede producir una denegación material de tutela si la discapacidad, las barreras comunicacionales o la dependencia respecto de terceros dificultan iniciar nuevas actuaciones.
La respuesta consiste en articular competencia y continuidad; adoptar o mantener, cuando corresponda, una medida urgente y provisoria; asegurar un contradictorio suficiente; y encauzar simultáneamente la pretensión definitiva ante el órgano competente. La remisión de antecedentes, la comunicación al Ministerio Público o el mantenimiento temporal de una salvaguardia son instrumentos de coordinación destinados a evitar vacíos de protección sin alterar las reglas del juez natural.
Esta exigencia se intensifica cuando la discapacidad interactúa con edad avanzada, género, dependencia, institucionalización o violencia. La interseccionalidad no crea un nuevo título atributivo de competencia ni presume una mayor necesidad de intervención; obliga a valorar si una solución procesal aparentemente neutral produce, en las circunstancias concretas, barreras desproporcionadas para acceder a la justicia, expresar la voluntad o preservar derechos fundamentales.
En esos casos, proteger sin presumir incapacidad y asegurar autonomía sin ignorar relaciones de dependencia o influencia indebida exige una fundamentación especialmente cuidadosa. Si resulta necesario acudir a otra vía, la derivación no debería generar una discontinuidad que agrave el riesgo, en otras palabras, la especial protección se traduce en una mayor exigencia de justificación y coordinación, no en la desaparición de los límites procesales.
7. Conclusiones
El marco cognoscitivo de los procesos de capacidad no puede resolverse mediante una alternativa binaria entre concentración y especialidad. El modelo vigente ya no está destinado a declarar un estado general de incapacidad, sino a individualizar restricciones excepcionales, configurar apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, establecer salvaguardias y revisar su adecuación. De allí que la sentencia delimite la restricción, pero no agote necesariamente las funciones que el proceso debe cumplir para hacer efectiva la protección de derechos.
La cuestión no radica solo en si la materia pertenece abstractamente al objeto típico del proceso, sino qué función cumple la intervención requerida. La conexión será más intensa cuando la medida asegure participación, integridad, funcionamiento de apoyos, prevención de conflictos de intereses, ejecución de salvaguardias o protección frente a un riesgo urgente; se debilitará cuando la pretensión sea autónoma, definitiva y requiera una cognición propia.
Existen supuestos en que una salvaguardia puede ser jurídicamente admisible como medida transitoria sin que ello determine la competencia para resolver definitivamente la relación subyacente. La temporalidad, la urgencia, la intensidad cognoscitiva y la suficiencia del contradictorio actúan, así como factores de delimitación, no como excepciones informales a las reglas de competencia.
Puede proponerse, entonces, la categoría de una jurisdicción funcional de protección. Es persistente, porque la sentencia no extingue todas las funciones jurisdiccionales; variable, porque su intensidad cambia según la etapa y las necesidades del proceso; y limitada, porque sólo subsiste mientras exista una conexión jurídicamente relevante con los apoyos, las salvaguardias, la autonomía, la participación o la protección efectiva de los derechos comprometidos.
Reconocer esa continuidad no prolonga el paradigma tutelar bajo un nuevo lenguaje. Su legitimidad depende, precisamente, de que la intervención siga siendo necesaria, adecuada y compatible con la autonomía de la persona, que los apoyos no se transformen en sustituciones y que las salvaguardias cesen o se modifiquen si el devenir de la vida de la persona así lo exige.
Código Civil de la República Argentina (Ley 340, texto derogado).
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378).
Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Ley 26.485).
Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657).
Otorgamiento de jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 27.044).
Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994).
Calvento, M. G. (1909). El Código de Procedimientos Civil y Comercial explicado y anotado con la jurisprudencia de las Cámaras de Apelaciones. Flaiban y Camilloni.
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (2014). Observación general núm. 1: Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley (CRPD/C/GC/1). Naciones Unidas. https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/crpd/general-comments
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021, 26 de marzo). Caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas (Serie C No. 423). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_423_esp.pdf
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2008, 26 de agosto). P., O. M. T. s/ insania y curatela (Competencia 107.XLIV).
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2016). Competencia en un proceso de restricción de capacidad (Fallos 339:859).
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2019, 26 de diciembre). E., G. s/ declaración de incapacidad (CSJ 2448/2019/CS1).
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2021). Determinación de la capacidad y competencia. Secretaría de Jurisprudencia. https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/notas/nota/9/documento
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2021). Competencia en materia de determinación de la capacidad (Fallos 344:769).
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2021, 15 de julio). G., R. E. c/ Comisión Médica Central y/o ANSeS s/ recurso directo Ley 24.241 (Fallos 344:1788).
Fassi, S. C., & Maurino, A. L. (2005). Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes: Comentado, anotado y concordado (3.ª ed. actualizada y ampliada, t. 4). Astrea.
Organización de los Estados Americanos. (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Organización de los Estados Americanos. (2015). Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
(*) Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en Derecho Procesal Civil (UBA). Maestrando en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo (UP). Docente de Derechos Humanos y Garantías en la Facultad de Derecho (UBA). Integrante del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Ex vicepresidente y coordinador académico de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de La Matanza (CALM). Disertante y ponencista en las Jornadas Académicas de Jóvenes Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Col.Pro.Ba).
(**) Defensora Pública Curadora, Doctoranda en Derechos por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Docente de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinadora Programa de Actualización “Proceso de Determinación de la Capacidad Jurídica (UBA). Formación en Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica y en Magistratura y Función Judicial en el Consejo General del Poder Judicial de España, Escuela Judicial, Barcelona. Autora de artículos de doctrina y coautora del Código Civil y Comercial comentado y anotado con perspectiva de género.
[1] Código Civil de la Nación, texto según Ley 340 y modificatorias, arts. 405 y 475. El art. 405 establecía la subsistencia de la jurisdicción del juez que hubiera discernido la tutela pese al posterior cambio de domicilio o residencia, mientras que el art. 475 disponía la aplicación a la curatela de las normas relativas a la tutela de menores en cuanto no fueran modificadas específicamente por las disposiciones del título correspondiente.
[2] Calvento (1909, p. 6, §§ 17-18, esp. § 18), con remisión a los artículos 404, 405 y 475 del Código Civil derogado, Guastavino (t. IV, p. 29), Machado (t. II, p. 19) y jurisprudencia allí citada.
[3] CSJN, “Farías, Antonia Susana s/ curatela”, Competencia N.º 715. XXXVI. En el precedente se examinó expresamente el alcance de la regla de continuidad jurisdiccional y la posibilidad de apartarse de ella cuando resultara inconveniente para la persona protegida u obstaculizara el eficaz control de su situación personal y patrimonial. Véase asimismo la remisión allí efectuada a CSJN, “González, Hipólito s/ protección de personas”, Fallos: 315:2963.
[4] CSJN, “P., O. M. T. s/ insania y curatela”, Competencia N.º 107, L. XLIV, sentencia del 26 de agosto de 2008, especialmente consids. 5° a 7°. En el consid. 7°, la Corte consideró necesaria una aplicación adecuada de la regla del art. 405 del Código Civil a los supuestos de curatela —por remisión del art. 475— y concluyó que correspondía apartarse de la jurisdicción del juez que había prevenido cuando ésta obstaculizaba el eficaz control judicial de la situación personal y patrimonial de la persona. El precedente se encuentra asimismo individualizado en Defensoría General de la Nación, Informe Anual 2008, Expte. Letra “C” (Competencia), N.º 107, Libro XLIV, año 2008, sentencia del 26/8/2008.
[5] Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General N.º 1 (2014), “Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley”, CRPD/C/GC/1, párrs. 17, 20-22. El Comité precisa que “‘apoyo’ es un término amplio que engloba arreglos oficiales y oficiosos, de distintos tipos e intensidades” (párr. 17). En cuanto a las salvaguardias, señala que “el objetivo principal de esas salvaguardias debe ser garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona” (párr. 20). Asimismo, establece que, cuando después de haberse realizado esfuerzos considerables no sea posible determinar la voluntad y las preferencias de una persona, “la ‘mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias’ debe sustituir a la determinación del ‘interés superior’”, pues “el principio del ‘interés superior’ no es una salvaguardia que cumpla con el artículo 12 en relación con los adultos” (párr. 21). Finalmente, al referirse a la influencia indebida, aclara que las salvaguardias deben respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, “incluido el derecho a asumir riesgos y a cometer errores” (párr. 22). Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General N.º 1 (2014). Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley, 11.º período de sesiones, CRPD/C/GC/1, 19 de mayo de 2014.
[6] Corte IDH, Caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de marzo de 2021, Serie C N.º 423, párrs. 84-85, 110-118, 126-127 y 193-194. En este precedente, la Corte abordó conjuntamente discapacidad, capacidad jurídica y consentimiento informado en materia de salud. Partiendo del modelo social de la discapacidad y del art. 12 de la CDPD, sostuvo que las personas con discapacidad gozan de capacidad jurídica en igualdad de condiciones y que ésta comprende la posibilidad de ejercer sus derechos mediante decisiones propias. En consecuencia, la discapacidad no autoriza a presumir incapacidad para consentir un tratamiento ni a sustituir automáticamente la voluntad de la persona. El Tribunal vinculó estos estándares con los derechos a la salud, dignidad, vida privada, igualdad y no discriminación y, frente a la desaparición de Luis Eduardo Guachalá luego de su internación en un hospital psiquiátrico público y las deficiencias de la investigación posterior, también con las garantías judiciales y la protección judicial previstas en los arts. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana.
[7] La práctica judicial ofrece ejemplos de una utilización funcional de estas potestades dentro de los procesos de capacidad. Así, se ha ordenado, con fundamento expreso en el art. 34 CCyC, la cobertura inmediata de un acompañamiento terapéutico por una obra social, bajo apercibimiento de multa y ejecución por terceros, afirmándose al rechazar la impugnación que la finalidad del proceso “no se agota en la declaración jurídica de restricción o apoyo”, sino que comprende medidas concretas dirigidas a asegurar el goce efectivo de derechos fundamentales (N. F. s/ determinación de la capacidad, Juzg. Nac. Civ. N.º 7, julio de 2025). En igual sentido, se dispuso, también en los términos del art. 34 CCyC, la reactivación inmediata del suministro eléctrico con tarifa social (G. A. F. s/ determinación de la capacidad, Juzg. Nac. Civ. N.º 7, febrero de 2025).
[8] Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 7, “V., N. s/ determinación de la capacidad”, Expte. CIV N.º 65.033/2024, resolución de abril de 2025. Ante una situación de riesgo denunciada por la Defensa Pública, el tribunal, con fundamento en el deber de prevención del daño, las Reglas de Brasilia, la Convención de Belém do Pará y los arts. 3, 12, 14, 16, 19 y 22 de la CDPD, dispuso cautelarmente diversas medidas dirigidas a la protección integral de la persona: exclusión del hogar y prohibición de acercamiento, alimentos provisorios con retención directa, atribución de la vivienda familiar, intervención interdisciplinaria destinada, entre otros extremos, a evaluar su autonomía, identificar situaciones de violencia y conflictos de intereses y diseñar un sistema de apoyos con salvaguardias adecuadas, y cobertura urgente de acompañamiento terapéutico.
[9] Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 9, “S. S. K. s/ determinación de la capacidad”, Expte. CIV N.º 60.392/2006, resolución de febrero de 2026. El tribunal hizo saber al establecimiento residencial y al futuro dispositivo de alojamiento que no pesaba sobre la interesada prohibición judicial alguna para realizar salidas, tanto acompañada como autónomamente, siempre que fueran compatibles con su proceso terapéutico y los apoyos existentes. Asimismo, precisó que las reglas derivadas de la organización interna del dispositivo no podían ser interpretadas ni aplicadas como restricciones a la libertad ambulatoria ni desnaturalizar el alcance de la sentencia, con expresa invocación de los principios de autonomía, vida independiente, progresividad y no regresividad y de los arts. 3, 12 y 19 de la CDPD.
[10] Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 7, “F. G. B. s/ determinación de la capacidad”, Expte. CIV N.º 33.585/2024, resolución de abril de 2026. En atención a las constancias de la causa y a lo dictaminado por la Defensa Pública, el tribunal revocó facultades de administración anteriormente concedidas respecto de determinados bienes inmuebles y, para hacer efectiva la decisión, ordenó la entrega de las llaves de uno de ellos y el pago de un canon locativo por el uso exclusivo de otro, bajo apercibimiento de ejecución.
[11] Corte Suprema de Justicia de la Nación, Secretaría de Jurisprudencia, Determinación de la capacidad y competencia, suplemento temático de jurisprudencia, Buenos Aires, CSJN, 2023. El relevamiento sistematiza los precedentes del Tribunal relativos a la determinación de la competencia en procesos de capacidad, con particular consideración del principio de inmediatez como integrante de la garantía de tutela judicial efectiva y de la necesidad de atribuir la causa al órgano jurisdiccional que, según las circunstancias concretas, se encuentre en mejores condiciones para ejercer la función protectoria.
[12] CSJN, “E., D. H. s/ determinación de la capacidad jurídica”, sentencia del 11 de octubre de 2016, Fallos: 339:859. El Tribunal, de conformidad con el dictamen de la Procuración General, aplicó las disposiciones procesales del Código Civil y Comercial y encomendó al juez competente la adopción urgente de las medidas necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica y patrimonial de la persona y la adecuación del procedimiento al régimen de los arts. 31 y ss. CCyC.
[13] CSJN, “E., G. s/ declaración de incapacidad”, CSJ 2448/2019/CS1, sentencia del 26 de diciembre de 2019, de conformidad con el dictamen de la Procuración General del 26 de noviembre de 2019. En el conflicto suscitado a raíz del traslado de la persona a otra institución, se atribuyó competencia al tribunal correspondiente al lugar de internación, en aplicación del principio de inmediatez. La Procuración General incluye expresamente el precedente dentro de su sistematización de los criterios de asignación de competencia en procesos de capacidad e internación.
[14] CNCiv., Sala B, “H., M. R. s/ determinación de la capacidad”, Expte. CIV N.º 35.530/2022, resolución del 30 de octubre de 2024. PAMI había cuestionado el requerimiento formulado para que arbitrara los medios necesarios para otorgar, por vía de excepción, un subsidio destinado a solventar el acompañamiento terapéutico de la interesada, alegando que la prestación excedía el marco cognoscitivo del proceso y que el organismo no revestía calidad de parte. Si bien la Sala declaró inapelable la providencia por no ocasionar gravamen irreparable, abordó expresamente aquel agravio y sostuvo que, en los procesos de determinación de la capacidad, la judicatura se encuentra habilitada, con fundamento en el art. 34 CCyC, para adoptar las medidas necesarias destinadas a asegurar la integridad psicofísica de las personas en situación de vulnerabilidad y garantizar sus derechos fundamentales, afirmando la necesidad de una protección integral y de una interpretación amplia de las normas comprometidas.
[15] CNCiv., Sala J, “F. S. A. y otro s/ determinación de la capacidad”, Expte. CIV N.º 56.672/1999, resolución del 29 de abril de 2024. La Sala confirmó la providencia que había intimado al INSSJP-PAMI a informar las gestiones realizadas para obtener una vacante en un dispositivo adecuado y, mientras ello se concretara, a proveer acompañamiento terapéutico diario y de turno completo, bajo apercibimiento de sanciones conminatorias. El Tribunal consideró que las intimaciones constituían la ejecución de mandas anteriores que habían adquirido firmeza y que las dificultades vinculadas con la organización interna del organismo prestacional no podían ser opuestas a los derechos del afiliado. Asimismo, destacó que se encontraba comprometida la salud e integridad física de una persona en situación de vulnerabilidad y que la efectividad de esos derechos requería acciones positivas de los órganos estatales y una respuesta jurisdiccional rápida; agregó que corresponde a la judicatura procurar que el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas vulnerables no quede reducido a una formulación meramente retórica. Finalmente, confirmó también la procedencia y cuantía de las sanciones conminatorias destinadas a vencer la resistencia del organismo obligado.
[16] CNCiv., Sala A, “S. R., E. N. s/ art. 250 C.P.C. – Incidente Familia”, Expte. CIV N.º 961/2010/1, Relación N.º 000961/2010/1/CA003, resolución de junio de 2026. El recurso había sido interpuesto por PAMI contra la providencia que lo intimó, bajo apercibimiento de una multa de $500.000, a proveer un cuidador domiciliario que permitiera a la persona concurrir a una consulta médica y obtener la indicación de una silla de ruedas. La Sala declaró mal concedido el recurso por ausencia de gravamen actual, al considerar que la mera intimación permitía al organismo cumplir, acreditar un cumplimiento anterior, justificar el incumplimiento o demostrar la imposibilidad de hacerlo, y que sólo la decisión posterior que se adoptara sobre esas cuestiones podría habilitar, en su caso, las instancias recursivas correspondientes. El pronunciamiento, por ello, no contiene una decisión de mérito sobre la extensión objetiva del proceso de capacidad ni puede ser invocado como reconocimiento general de competencia respecto de pretensiones prestacionales.
[17] CNCiv., Sala A, “F., G. B. s/ art. 250 C.P.C. – Incidente Familia”, Expte. CIV N.º 33.585/2024/3, Relación N.º 033585/2024/3/CA002, resolución del 3 de agosto de 2026. La Cámara examinó la prohibición de contacto y acercamiento dispuesta en favor de una mujer de 78 años cuya situación había sido calificada interdisciplinariamente como de “riesgo alto”, en un contexto en el que se había constatado deterioro cognitivo, dependencia total y sujeción mecánica prolongada sin indicación médica. La Sala sostuvo que el proceso de capacidad tiene por objeto determinar la aptitud de la persona para dirigir su persona o administrar sus bienes y que las cuestiones que excedan ese alcance deben, en principio, canalizarse por la vía pertinente; no obstante, inmediatamente añadió que la especial protección debida a las personas con discapacidad justificaba una pronta resolución de las cuestiones planteadas, aun sin perjuicio del cauce procesal que posteriormente correspondiera asignarles. Al analizar la medida concreta, ponderó los informes interdisciplinarios, la calificación de riesgo alto, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y confirmó la prohibición de acercamiento, destacando su naturaleza cautelar y provisoria. Finalmente, limitó su vigencia a noventa días y dispuso que los eventuales planteos relativos a cuestiones personales o patrimoniales fueran en lo sucesivo canalizados por la vía y forma pertinentes.